Mesas de Trabajo por Costa Rica. Modernización del transporte público: Conclusiones

Abstract

En el marco de la Ley n.º 8114 y su reglamento, el LanammeUCR, a través del Programa de Infraestructura del Transporte y su Unidad de Seguridad Vial y Transporte, lidera el proyecto “Mesas de Trabajo por Costa Rica: Modernización del Transporte Público” como agente integrador técnico y neutral, articulando a instituciones (ARESEP, MOPT, INCOFER y otras), operadores, academia, sectores gremiales y sociedad civil. El LanammeUCR estructura un proceso basado en evidencia regional y diálogo multisectorial para diagnosticar, priorizar y recomendar acciones hacia una reforma integral del transporte público, entendida como instrumento para la eficiencia de la infraestructura vial, la sostenibilidad y la calidad de vida. El diagnóstico converge en desafíos estructurales: fragmentación institucional y de gobernanza; uso ineficiente del espacio y los recursos; marco regulatorio obsoleto y ejecución lenta; impactos ambientales crecientes; débil integración modal, tecnológica y tarifaria; rezagos en accesibilidad universal, calidad y seguridad; limitada transparencia y participación; y asimetrías laborales. Las entrevistas, grupos focales y tres sesiones de Mesas de Trabajo confirman causas y brechas, y orientan una intervención centrada en el usuario, la calidad del servicio y la seguridad operacional. Las lecciones latinoamericanas analizadas sostienen una agenda con los siguientes pilares: planificación integral y multimodal escalonada; gobernanza clara con roles definidos y autonomía técnica; financiamiento híbrido sostenible y transparente; modernización tecnológica (gestión de flota, datos abiertos, pago electrónico, interoperabilidad) y electrificación progresiva; reestructuración operativa (sectorización, integración física y tarifaria, jerarquización vial, infraestructura prioritaria); participación activa y comunicación pública; flexibilidad regulatoria y capacidad adaptativa; y sostenibilidad social y ambiental como ejes transversales. A partir de ello, se proponen ejes estratégicos: consolidación de una Autoridad Única de Transporte con base legal específica, rectoría técnica y coordinación interinstitucional efectiva; formulación y ejecución del Plan General Integral de Transporte Público (PGITP); reactivación ferroviaria como parte de la columna multimodal; reforma del modelo económico y regulatorio con tarifas equitativas, subsidios focalizados y mecanismos de compensación; transición energética planificada y renovación de flota e infraestructura; accesibilidad universal desde el diseño; alfabetización y cultura ciudadana; formalización laboral y protección al trabajador; y digitalización con gestión basada en datos para transparencia y toma de decisiones. La implementación se estructura como proyecto país con enfoque metropolitano y escalabilidad nacional (por regiones), apoyado en: diálogo social continuo; priorización en la agenda nacional y, cuando corresponda, declaratoria de emergencia nacional para destrabar cuellos de botella; coordinación multinivel; y una hoja de ruta 2026–2030 con horizonte extendido a 2040. Se definen horizontes: corto plazo (0–12 meses) para el marco legal de la Autoridad, lineamientos de interoperabilidad tecnológica, puesta en marcha de pilotos, y acuerdos de gobernanza; mediano plazo (12–36 meses) para consolidar la Autoridad, sectorización, integración tarifaria, jerarquización vial, centros de control y sistemas de información; largo plazo (3–15 años) para expansión multimodal, electrificación masiva y maduración del modelo financiero. Los factores críticos de éxito incluyen: respaldo político sostenido; claridad de roles; capacidades técnicas; financiamiento estable y transparente; regulación progresiva y adaptable; gestión por datos e indicadores; educación y participación ciudadana; y comunicación estratégica. El documento define entregables, responsables e indicadores de seguimiento y cierra con conclusiones y recomendaciones operativas que alinean gobernanza, infraestructura, tecnología, normativa, educación y financiamiento. En síntesis, se plantea un modelo costarricense de modernización del transporte público basado en evidencia regional, viabilidad técnica y consenso social, con la Autoridad Única como pieza articuladora y el usuario como centro del sistema.